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Así, No
29 Septiembre, Huelga General
Manifiesto
Las confederaciones sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores hemos adoptado la decisión de iniciar un proceso de movilizaciones, que culminará con la celebración de una Huelga General el próximo 29 de septiembre, para expresar el contundente rechazo de los trabajadores y trabajadoras de este país a las políticas de recortes sociales y supresión de derechos de los trabajadores decretadas por el Gobierno, bajo amparo y excusa de directrices europeas.
Méndez: “Es una reforma regresiva, que no va a generar confianza y que va a ser inútil para resolver los problemas del mercado laboral”
Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han anunciado hoy la convocatoria de una Huelga General para el 29 de septiembre.
Cándido Méndez ha señalado que de aquí al 29 de septiembre habrá dos grandes escalones en el proceso de movilización ascendente, el primero será el 30 de junio, cuando se convocarán manifestaciones en las distintas Comunidades Autónomas y el segundo, el 9 de septiembre, ya que tendrá lugar un acto masivo de representantes sindicales en Madrid.
En algunos casos se agravan las consecuencias, declaraciones de Cándido Méndez tras la reunión de UGT y CCOO con ERC en el Congreso
Así, No
29 Septiembre, Huelga General
Manifiesto
Las confederaciones sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores hemos adoptado la decisión de iniciar un proceso de movilizaciones, que culminará con la celebración de una Huelga General el próximo 29 de septiembre, para expresar el contundente rechazo de los trabajadores y trabajadoras de este país a las políticas de recortes sociales y supresión de derechos de los trabajadores decretadas por el Gobierno, bajo amparo y excusa de directrices europeas.
El Gobierno español y los europeos han defraudado a los ciudadanos a los que representan. Los brutales ajustes económicos que se están adoptando como terapias de choque para salir de la crisis económica, son injustos socialmente, regresivos laboralmente, y equivocados económicamente porque comprometen las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo.
El Gobierno español, además, se ha enmendado a sí mismo provocando un giro radical en su política económica y social que ahora se orienta de forma clara, en primer lugar, a un severo recorte del gasto público que recae fundamentalmente sobre las espaldas de los trabajadores y de los pensionistas; en segundo lugar, a una reducción de la inversión pública que frenará el crecimiento económico y la creación de empleo, y que tendrá como principales víctimas a los trabajadores en paro; y en tercer lugar, impone una reforma laboral que elimina derechos de los ciudadanos en sus puestos de trabajo.
Tras una actuación irresponsable de las organizaciones empresariales, centradas exclusivamente en obtener réditos en el abaratamiento de las condiciones de trabajo y el debilitamiento de los trabajadores, el Gobierno ha decidido optar por una desregulación laboral que puede continuar con otros recortes sociales y laborales.
La reforma laboral
En definitiva, el Gobierno ha puesto el poder del Estado al servicio de quienes exigen “flexibilidad” en el mercado de trabajo, y aún así consideran esta reforma insuficiente porque en realidad no quieren más flexibilidad, la quieren toda. Cuando se exigen menos cotizaciones sociales, menos coste del despido, menos tutela judicial, menos negociación colectiva, menos regulación de la contratación, lo que se está reclamando en realidad es la absoluta desregulación del mercado de trabajo, o la aplicación en este ámbito de las políticas neoliberales que han fracasado estrepitosamente en los mercados financieros, que son la causa de esta crisis, y que nos abocarían a una tercermundización laboral.
Rechazamos las políticas practicadas por los gobiernos de la Unión Europea al dictado de los mercados financieros, los causantes de la crisis, y que ahora plantean las políticas de ajuste a costa de reducir las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía europea.
Una economía que no crea empleo no sirve a los ciudadanos, y unos gobiernos que actúan contra sus intereses, tampoco. Las organizaciones sindicales no estamos dispuestas a aceptar políticas que se nos presentan como las únicas posibles, basadas en un determinismo falso, y que no son más que opciones del inmovilismo y la resignación.
Hay otras opciones y otras políticas. Es necesario apostar por una Europa más social en la que las negociaciones sociales dejen de estar sometidas a las fuerzas del mercado. Y en España, UGT y CCOO convocamos una Huelga General el 29 de septiembre para exigir:
Exigir una nueva política fiscal, que refuerce la estructura de ingresos del Estado, recuperando impuestos suprimidos y apostando por una mayor recaudación basada en la progresividad fiscal, a la vez que se combate con mayor determinación y medios el fraude fiscal que lastra nuestra economía alcanzado tasas que prácticamente duplican la media de la Unión Europea.
NO al despido más fácil y barato
NO a la temporalidad abusiva
NO a dar más poder a los empresarios
NO a la congelación de las pensiones
NO a los recortes salariales y sociales
POR UNA SALIDA JUSTA Y EQUILIBRADA DE LA CRISIS
Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han anunciado hoy la convocatoria de una Huelga General para el 29 de septiembre. Cándido Méndez ha señalado que de aquí al 29 de septiembre habrá dos grandes escalones en el proceso de movilización ascendente, el primero será el 30 de junio, cuando se convocarán manifestaciones en las distintas Comunidades Autónomas y el segundo, el 9 de septiembre, ya que tendrá lugar un acto masivo de representantes sindicales en Madrid. La movilización, ha subrayado, tendrá lugar el día que se celebra la reunión del Ecofin (Consejo de Economía y Finanzas) y coincidirá con la euromanifestación organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en Bruselas para exigir de la Unión Europea una estrategia de salida a la crisis basada en el crecimiento y el empleo y contra los recortes sociales. Méndez ha resaltado que la propuesta planteada por el Gobierno consolida un “cambio de carril” en su política de lucha contra la crisis, un cambio de carril “definitivo” impuesto por la Unión Europea y que manifiesta la “clara quiebra de su discurso político”. Es una “reforma regresiva, que no va a generar confianza, que va a ser inútil para resolver los problemas del mercado laboral, que abarata el despido y abre aún más la puerta a la intermediación privada en el mercado laboral”, por ello convocan esta huelga “con toda la legitimidad y con toda la razón” ha añadido. “Fecha oportuna” El Secretario General de UGT ha destacado que se trata de “una fecha oportuna que ni está fuera de plazo en términos de retraso ni mucho menos en términos de anticipación”, ya que a lo largo del mes de septiembre el Gobierno va a tramitar como Proyecto de Ley el Decreto Ley que se aprobará mañana y “en ese momento estará sometido al escrutinio de los grupos parlamentarios y de la sociedad española”. Además ha explicado que en ese periodo ya conoceremos el alcance de las reformas que el Gobierno quiere plantear en materia de Sistema Público de Pensiones y sabremos también el contenido de los Presupuestos Generales para 2011. Reuniones con los Grupos Parlamentarios
Méndez y Toxo han anunciado además que van a iniciar conversaciones con el conjunto de los Grupos Parlamentarios para trasladarles la opinión de las organizaciones sindicales sobre la propuesta del Gobierno y llamarles a la responsabilidad.
El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha manifestado que el contenido conocido hasta ahora del Decreto Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros ““nos reafirma y ratifica en la razón y legitimidad de la huelga del 29 de septiembre. En su versión, no sé si definitiva hasta este momento, no sólo no ha resuelto los problemas fundamentales, supongo que algunos menores se han podido corregir, sino que en algunos casos se ha producido un agravamiento de las consecuencias del Decreto”.
En este sentido destacó que parece que se puede producir una práctica generalización del contrato de 33 días de indemnización, que no estaba en el que se conocía, se consolida la dualidad del mercado laboral, no va a resolver los problemas de temporalidad en nuestro país e incluso va a aumentar su impacto. Resaltó también que el Gobierno debería explicar elementos que, de confirmarse, resultan paradójicos porque “se produce un tijeretazo en dos fases a la Función Pública, uno cortando de manera drástica la tasa de reposición (la apertura de las ofertas públicas de empleo) y otro el recorte de los salarios”, pero por otra parte se levanta la restricción a las empresas de trabajo temporal para actuar las Administraciones Públicas, lo que consideró que, de confirmarse, “nos parece una incoherencia de caballo”.
Méndez realizó estas declaraciones tras la reunión que delegaciones de UGT y CCOO, encabezadas por sus Secretarios Generales, mantuvieron ayer con el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Este encuentro forma parte de los que se están realizando con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario (ayer se mantuvo otra con CiU), con el fin de explicar la posición sindical ante la reforma laboral que plantea el Gobierno.
El descenso del paro en mayo por segundo mes consecutivo (en 76.223 personas, la mayor reducción en este mes de los últimos cinco años) demuestra que los cambios en los niveles de desempleo no dependen de la regulación laboral, sino de la actividad económica. En este sentido, UGT considera que frente a las políticas de recorte que se están llevando a cabo y que van a retardar la salida de la crisis, son necesarias otro tipo de políticas, orientadas a estimular el crecimiento económico y la inversión productiva. Respecto al mercado de trabajo hay que actuar mejorándolo, no devaluándolo. Por lo tanto, es necesario establecer medidas orientadas a mejorar la formación, cualificación y adecuación a las necesidades productivas, incentivando la contratación de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral (especialmente jóvenes y parados de larga duración). Asimismo, es necesario una reforma financiera que dote de liquidez al sistema y permita a las familias y a las empresas acceder al crédito. El desempleo registrado ha descendido por segundo mes consecutivo: hay apuntados en las listas de los Servicios Públicos de Empleo 76.223 personas menos que en el mes de abril. Esto hace un total de 4.066.202 parados, según los registros, lo que supone, no obstante, todavía un 12,32% más de desempleados que hace un año. La reducción del número de desempleados varones ha sido superior a la de las mujeres: 50.853 hombres parados menos, un 2,4%, frente a 25.370 mujeres desempleadas menos que en abril, un 1,2%. De nuevo, por segundo mes consecutivo, esto hace que, en el cómputo interanual, sea mayor el incremento del desempleo femenino (un 12,8%) que el del masculino (un 11,8%). De nuevo el desempleo juvenil se reduce en mayor medida en este mes (un 3,2%) que el de los mayores de 25 años (un 1,7%). Con estos datos, la proporción de jóvenes desempleados respecto al total de parados se reduce en dos décimas respecto a abril, y en un punto frente a mayo de 2009. En cuanto los extranjeros desempleados, hay 16.033 menos que en el mes anterior, aunque en total suponen un 21,2% más de parados de los que se registraban hace un año. Por sectores, la reducción más significativa, en términos relativos, se recoge en la construcción (un 2,6% de parados menos que en abril), seguida de la industria (un 2,2% menos) y los servicios (con una reducción del 1,9%). El número de contratos registrados ha aumentado respecto al mes de abril en un 9,6%, siendo la recuperación anual del 6,5%. Un 9,2% de los contratos han sido indefinidos, es decir, 108.264, mientras los temporales han sido 1.073.836, con lo que el total de contrataciones registradas en el mes de mayo ha sido 1.182.100. La caída de los contratos indefinidos respecto al año anterior es del 0,8%, mientras el volumen de contratos temporales se ha incrementado en un 7,3%. La reducción del desempleo registrado, la mayor en el mes de mayo de los últimos cinco años, demuestra que los cambios en los niveles de desempleo no dependen de la regulación laboral, sino de la actividad económica. Parece que los indicadores adelantados señalan que la actividad económica comienza a recuperarse. Es de esperar entonces que la demanda de empleo también comience a crecer y, por tanto, a disminuir el nivel de paro. Frente a la urgencia y a la señalada necesidad de acometer una reforma laboral, conviene destacar que esta reforma no resolverá el problema del desempleo, que tiene su origen en el mercado productivo, carente de salidas ante la falta de demanda. Si las empresas españolas consiguen reorientar su actividad hacia el exterior, ganando competitividad no en función únicamente de mejoras relativas en los niveles de precios, sino de avances en calidad, el empleo también se recuperará. Y no sólo eso, sino que logrará ganar en calidad, pasando de concentrarse en sectores de baja productividad y excesiva temporalidad, hacia aquellos que demandan trabajadores formados y cualificados. Ésta sigue siendo la clave de la acción política sobre el mercado de trabajo: actuar a través de políticas de formación, de cualificación y de adecuación a las necesidades productivas, incentivando además la contratación de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral (especialmente, jóvenes y parados de larga duración), a los que habrían de dedicarse actuaciones específicas de formación y cualificación. Sigue siendo necesaria también la reforma financiera que dote de liquidez al sistema y permita a las familias y a las empresas acceder al crédito, de forma que se pueda incentivar la actividad económica y con ello, la recuperación y nueva creación de empleos. En este sentido, las reformas que recortan el gasto social, las pensiones, la inversión productiva y los salarios de los trabajadores del sector público (educación, sanidad…) en el cambio del modelo productivo, son injustas y contraproducentes. El efecto inmediato (y reconocido por el propio gobierno) se refleja en un recorte del crecimiento económico: las previsiones se rebajan en 5 décimas para el año 2011 (en la actualización del programa de estabilidad se preveía un crecimiento para 2011 del 1,8%). Y esta merma del crecimiento económico se traslada inmediatamente al mercado de trabajo, de forma que se retrasará aún más la creación de empleo y la reducción de las tasas de desempleo. La reconstrucción fiscal, potenciando una estrategia que favorezca el incremento de los ingresos y que no se quede sólo en el ajuste a través del recorte de gastos, es lo que urge para crecer económicamente y con ello, estimular la demanda de empleo. Las políticas que han de llevarse a cabo deben orientarse a la recuperación de la actividad económica, al estímulo a la inversión productiva, con el objetivo último de alcanzar nuevamente una senda de crecimiento, pero un crecimiento sostenido, perdurable y que aporte una mejora de la calidad. Las políticas y reformas que tratan de reducir los derechos de los trabajadores, que persiguen recortes de gastos sociales, que minan, en definitiva el Estado de Bienestar, no son las que nos llevarán a la salida de la crisis. Cumplir con la parte de sostenibilidad presupuestaria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento retrasará el crecimiento económico y la recuperación del empleo.
La Comisión Ejecutiva Confederal (CEC) de UGT, reunida hoy en sesión extraordinaria, ratifica su oposición y rechazo a las medidas de recorte social anunciadas por el Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, porque además de castigar a 9 millones de familias trabajadoras no reducirán el paro y ralentizarán la recuperación económica. Estas medidas entorpecen el diálogo social, rompen el consenso parlamentario alcanzado en el Pacto de Toledo y suponen una importante quiebra de confianza. La CEC de UGT reafirma su voluntad de alcanzar un acuerdo, en el marco del diálogo social, sobre el mercado de trabajo y espera que las medidas anunciadas por el Gobierno no obstaculicen este proceso. Asimismo, expresa su máximo apoyo a las movilizaciones convocadas por la Federación de Servicios Públicos de UGT y CCOO, que culminarán con un paro general de los empleados públicos el próximo 2 de junio, y analizará con el conjunto del sindicato y en unidad de acción con CCOO, tanto los planteamientos como una respuesta proporcionada y contundente ante estos recortes sociales.
La CEC de UGT ha ratificado hoy su rechazo tajante a las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, que ha cedido a la presión de los mercados financieros y ha iniciado un camino de recortes sociales que sabemos donde comienza pero no se sabe donde va a acabar. El sindicato lamenta que finalmente haya prevalecido la economía financiera sobre la economía real y advierte de los riesgos de actuar al dictado de los mercados. Por lo pronto las medidas de recorte social, que afectarán a 9 millones de familias españolas, suponen una quiebra en la confianza social, no van a solucionar el paro y, además, entorpecerán la recuperación económica. Asimismo, tampoco ayudan en la marcha del diálogo social.
La reducción del 5% de los salarios de los funcionarios supone el incumplimiento flagrante del Acuerdo de la Función Pública, firmado en septiembre de 2009, cuando ya se conocía el alcance de la crisis económica y justifica una contundente respuesta social por parte de este colectivo. En este sentido, la CEC expresa su más firme apoyo a las movilizaciones anunciadas por la Federación de Servicios Públicos de UGT, conjuntamente, con la Federación de la Función Pública de CCOO, que culminará con un paro general de este colectivo el próximo 2 de junio.
Por otro lado, la congelación de las pensiones contributivas supone una ruptura del consenso parlamentario del Pacto de Toledo, vigente desde hace 15 años. Medidas sometidas al debate parlamentario y, posteriormente, al debate social que han dado un buen resultado.
La CEC reafirma su voluntad de simultanear esta situación negativa con la voluntad de alcanzar un acuerdo con la patronal, en el marco del diálogo social, sobre el mercado de trabajo y espera que este ajuste impuesto por el Gobierno no obstaculicen este proceso.
La Comisión Ejecutiva Confederal ha convocado de manera urgente el próximo lunes, 17 de mayo, el Consejo Confederal de UGT (integrado por los máximos dirigentes de las Federaciones Estatales y Uniones de Comunidad Autónoma del sindicato, además de la propia Comisión Ejecutiva Confederal) como primer paso a un debate en el conjunto de la organización de las medidas adoptadas por el Gobierno, así como la respuesta que deberá articular el sindicato, en unidad de acción con CCOO, durante las próximas semanas. El siguiente paso en este debate interno será la celebración del Comité Confederal de UGT, máximo órgano de decisión entre congresos, que tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo en Madrid.
Manifiesto 28 de abril de 2010
“Con sindicatos el trabajo es más seguro”
Ante una crisis económica mundial sin precedentes, aumentan las tentaciones empresariales de ahorrar costes en la prevención de riesgos laborales.
En nuestro país, el 80% de las empresas son pequeñas o muy pequeñas; es decir, empresas de menos de 6 trabajadores, donde no existe representación sindical y no hay participación de los trabajadores y trabajadoras en la prevención.
En el 70% de las empresas de entre 6 y 10 trabajadores no existe delegado de prevención. Además, en el 36% de los accidentes laborales sucedidos en el año 2008 en este tipo de empresa, no había evaluación de riesgos. Datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística.
Estamos hablando de que quince años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 1 de cada 4 empresas en España, sigue ajena a sus obligaciones preventivas básicas. Datos extraídos de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizada por el INSHT.
UGT y CCOO hemos puesto de manifiesto la importancia de desarrollar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre todo en lo tocante a los Delegados, tanto Sectoriales como Territoriales, considerándola una herramienta fundamental para llevar la prevención a todas esas pequeñas empresas que carecen de representación sindical y que acumulan el 30% de los accidentes laborales.
Nuestras organizaciones consideran que a pesar del descenso de la siniestralidad laboral acontecida durante el año 2009, no podemos bajar la guardia ya que en gran medida se debe al descenso de la productividad, sobre todo en sectores como el de la construcción que acumulaba la mayor mortalidad.
Por el contrario, un análisis detallado de las cifras ha puesto de manifiesto un grave problema existente en los accidentes in itínere. Desde que se recogen estadísticamente los datos de mortalidad en la carretera son los mejores, por el contrario los accidentes in itínere descienden mucho menos; la razón es que escondidos en el tráfico, lo que existe realmente son accidentes de trabajo de transportistas, comerciales, camioneros… que están siendo mal encuadrados y que por tanto no están siendo objeto de evaluación y prevención por parte de los empresarios.
Mientras que los accidentes mortales en jornada de trabajo han pasado de una reducción del 3% en el 2008 a disminuir en un 22% en el 2009, en el caso de los accidentes in itínere, la reducción fue del 2% en el 2009 con respecto a 2008. Datos facilitados por el MTIN.
Los sindicatos alertamos de la necesidad de prestar mayor atención a los siniestros de tráfico de los profesionales del transporte.
Es necesaria una visión conjunta del problema de la accidentalidad en los trayectos de ida y vuelta al trabajo en general, y en la sufrida por los profesionales del transporte en particular, desarrollando planes de movilidad en las empresas, que potencien el transporte colectivo sobre el individual; implicando a los gobiernos para que incentiven el transporte público con abonos especiales para trabajadores; implantando nuevas formas de trabajo que no impliquen el desplazamiento innecesario de los trabajadores…
Es necesario denunciar, un año más, que aumenta la infradeclaración de las enfermedades profesionales.
Durante el año 2009 se han declarado 1.850 enfermedades profesionales menos que en el año anterior;
estas cifras suponen un descenso del 23% con respecto al año 2006, en que se aprobó el nuevo sistema de notificación y registro de las enfermedades profesionales y el nuevo cuadro de las mismas. Datos facilitados por el Observatorio de las Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
No hay nada en la coyuntura empresarial española que sirva como excusa del mantenimiento de esta baja declaración. Esta situación nos lleva a pensar que se están derivando al sistema nacional de salud, patologías que se producen dentro del ámbito laboral, y que se están tratando como contingencias comunes, con el consabido perjuicio que supone esto para una prevención eficaz y para todos los trabajadores y trabajadoras.
CCOO y UGT denunciamos la indefensión de los trabajadores de nuestro país, por lo que exigimos al Gobierno que tome medidas en este delicado asunto en el que está en juego la salud de millones de españoles
28 de abril de 2010
Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo
"Finalmente, la patronal se ha sacado la máscara y ha mostrado el que quería desde un inicio: un contrato de seis meses, por debajo del salario mínimo interprofesional, sin cotización a la seguridad social y al paro y sin indemnización por despido", señala UGT en su página web, donde incluye un vídeo didáctico donde explica cómo hacer un "repico de nalgas" ante la sede de la patronal. "Esta propuesta digna del siglo XVIII supone reventar todos los derechos sociales y laborales conseguidos en el último siglo, y muestra claramente el modelo de sociedad y de mercado laboral que quiere la patronal española, más próximo al esclavismo que a un estado de derecho", añade la formación. La propuesta de CEOE, que realizó el director de Relaciones Laborales de la patronal, José de la Cavada, ha recibido muchas críticas. Ayer, su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, se desmarcó de la iniciativa y señaló que el contrato de inserción para jóvenes sólo era un "ejemplo" y dijo que "no está sobre la mesa ni se va a poner sobre ella".
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Del mismo modo que hay instantes que marcan a fuego la vida de una persona, también hay momentos que decantan para siempre el futuro de una empresa o un sector. El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, suele recordar que estas instituciones tienen tres siglos de historia y han sobrevivido a todo tipo de regímenes y crisis económicas, pero, en esta ocasión, van a vivir una serie de acontecimientos que marcarán a la industria durante décadas.
En el primer semestre del ejercicio, las cajas afrontarán una notable caída de sus ingresos, un severo proceso de ajuste, una decena de operaciones de integración y rescate, la primera oleada de ayudas públicas, así como un nuevo debate sobre su marco normativo.
El más acuciante de estos retos es la caída del negocio bancario. De acuerdo con la mayoría de analistas y responsables del sector financiero, 2010 va a ser el ejercicio más difícil para las cajas y bancos españoles. Los desafíos se les acumulan. De un lado, la recesión económica hace que empresas y particulares no contraten nuevos créditos. De otro, la depresión del sector inmobiliario va a provocar una segunda oleada de morosidad: la de las promotoras de tamaño medio.
Además, las entidades financieras no contarán, como en 2009, con el viento de cola de los tipos de interés. Estos continuarán en mínimos históricos y su margen de negocio será más estrecho que nunca. Para terminar de componer este entorno tan comprometido, la banca deberá seguir reforzando sus niveles de solvencia para prepararse ante Basilea III, la nueva normativa internacional sobre recursos propios.
Por si este panorama no fuera de por sí un colosal reto para el sector financiero, las cajas deben afrontar una batería de problemas específicos. El más inmediato, el de la consolidación. Tras varios meses de advertencias por parte del regulador sobre la necesidad de acometer un proceso de concentración, el Banco de España y el Gobierno pusieron fecha de caducidad a la propuesta: el primer semestre de 2010. Las entidades han tomado buena nota de las recomendaciones y ya hay nueve operaciones en marcha, con diferentes grados de desarrollo.
Una de las más avanzadas es la integración de Caja de Guadalajara dentro del grupo andaluz Cajasol. Esta combinación marca un hito, pues se trata de la primera unión de dos entidades de ahorro provenientes de distintas comunidades autónomas. El problema es que, a pesar de las advertencias del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de Juan Ramón Quintás, las fusiones interregionales constituyen la excepción en este proceso.
La alternativa que mejor ha funcionado para evitar los recelos de las administraciones autonómicas a ese tipo de operaciones son los Sistemas Institucionales de Protección (SIP). Caja Navarra (Can) y CajaCanarias (de Tenerife) han llevado al límite esta figura jurídica para lograr lo que han denominado una fusión fría. "Se trata de aprovechar todas las ventajas de una integración, en términos de sinergias, complementariedades, dilución de riesgos... al tiempo que se evitan sus desventajas", explicaba gráficamente el director general de Can, Enrique Goñi.
A este proyecto se ha sumado Caja Burgos, tras desmarcarse a última hora de la creación de una gran entidad en Castilla y León. De acuerdo con el calendario establecido por los tres socios, en el segundo trimestre del ejercicio comenzarán a funcionar como un único holding consolidado, el grupo Banca Cívica, con un solo rating e interlocución única con el supervisor. La mallorquina Sa Nostra estuvo en la órbita de este proceso, pero ahora estudia otras alternativas.
La otra fusión articulada en torno a un SIP es la de Caja Rioja, La Caja de Canarias (Las Palmas) y Caja Inmaculada, aunque esta última se ha distanciado del proyecto en las últimas semanas.
Además de estas dos operaciones, formalmente activas, otro grupo de entidades de varias comunidades también plantea utilizar esta fórmula. El presidente de Caja Cantabria comentó hace dos meses que estudiaba una fusión para superar los 100.000 millones de euros de activos. Sus socios, de acuerdo con diversas fuentes, serían Cajamurcia, la ya citada Sa Nostra, Caixanova y Cajastur. No obstante, estas dos entidades deben solucionar algunos problemas antes de comprometerse en esta alianza.
La primera fue elegida por el supervisor para absorber Caja Castilla La Mancha (CCM), intervenida por problemas de solvencia en marzo de 2009. De acuerdo con el calendario previsto, en mayo se celebrará la asamblea de CCM que aprobará la integración y la desaparición legal de la caja castellanomanchega. Uno de los aspectos más polémicos del acuerdo ha sido el uso de una ficha bancaria durmiente, la de Banco Liberta, para ejecutar la transacción. En los SIP que están en negociación, la figura jurídica que se servirá como grupo central (un banco, una caja o una asociación de cajas) está generando un fuerte debate. Tanto los sindicatos como la CECA consideran que la utilización de fichas de bancos puede comprometer la naturaleza jurídica del sector de cajas.
El conflicto gallego
La otra entidad en la órbita del grupo de los 100.000 millones, Caixanova, tiene un desafío de orden político. La Xunta ha apostado fuerte por su fusión con Caixa Galicia, y parece dispuesta a todo por llevarla adelante. En su empeño, ha promovido una nueva legislación autonómica de cajas que otorga mayor poder al Parlamento gallego (controlado ahora por el PP), restándoselo a las entidades fundadoras. El Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta norma, por considerar que invade algunas de sus competencias. En respuesta, el Ejecutivo gallego ha amenazado con impugnar el decreto del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Mañana se celebrará una reunión entre la Xunta y el ministerio de Política Territorial para tratar de evitar la completa judicialización del proceso.
El fondo de ayuda a la banca (de ayuda a las cajas, en la práctica) es otra de las incógnitas a resolver en los próximos meses. Tras la aprobación del marco general por parte de Bruselas, ahora las entidades interesadas deben dirigirse a este organismo y a la Comisión Europea para solicitar la inyección de fondos públicos.
Las primeras en hacerlo han sido las agrupadas como Unió de Caixes Catalanes (las cajas de Sabadell, Terrassa, Manlleu y Girona, que van a empezar a operar bajo la marca Unnim). Se espera que esta semana las autoridades comunitarias den su visto bueno a la recapitalización, que podría ascender a 500 millones de euros. La otra gran coalición catalana, compuesta por Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, baraja solicitar 1.315 millones al FROB.
El gran problema que tendrán estas entidades, tras recibir los fondos, son las duras condiciones impuestas para su devolución. Esta se realizará en un plazo de cinco años y deberá abonar un tipo de interés del 7,75%. Algunos analistas han advertido que las entidades tendrán serias dificultades para poder cumplir estos requisitos.
En Cataluña, otra de las operaciones en marcha es la de Caixa Penedès y Caixa Laietana. Aunque rompieron la negociación antes de Navidades, mantienen "puentes de diálogo" abiertos para seguir avanzando.
La región donde más tiempo y más quebraderos de cabeza está provocando la concentración de cajas es Castilla y León. Tras promover la Junta una fusión de las seis entidades de la región, ahora tan sólo Caja Duero y Caja España continúan en negociaciones. Su integración es cuestión de semanas. Solicitarán al FROB cerca de 550 millones. Mientras, Caja Segovia y Caja Ávila se dejan querer por unos y otros.
Las cuatro grandes del sector (La Caixa, Caja Madrid, Bancaja y Caja Mediterráneo), junto con algunas entidades atractivas por su tamaño y solvencia (como BBK o Ibercaja), observan los movimientos con interés. Pese a algunas presiones para que sondeen operaciones, su intención es esperar a la segunda oleada de integraciones para comenzar a actuar.
Lleva quince años al frente de la mitad del sector financiero. Juan Ramón Quintás (A Coruña, 1943), es presidente, tras dejar el cargo de director general, pese a estar técnicamente jubilado. "Mira qué mesa tengo" (llena de papeles) "¿crees que es la de un jubilado?", bromea. Este catedrático, economista, político y humanista cree que "no es una época de cambios, es un cambio de época". Con entusiasmo y cierto cansancio, afronta la última batalla, contra los poderes públicos (Ministerio de Economía, Banco de España y gobiernos autonómicos) que quieren bancarizar las cajas con las fusiones, sin pasar por el Parlamento.
"Usar la astucia del trilero" para cambiar las cajas "no es digno de una democracia"
"El Banco de España debe ser neutral salvo que quiera sustituir" al poder público
"La fiesta con la que algunos sueñan de reparto de despojos no se va a producir"
"No puede ser que las cajas tengan que usar un banco para salvar a otra en crisis"
Pregunta. El presidente Zapatero ha anunciado que reestructurará el sector y, a partir de junio, iniciará el debate para reformar la Ley de Cajas. ¿Qué le parece?
Respuesta. Creo que la reforma a fondo sería mejor hacerla en un contexto de menos urgencia y presión, pero algunas cuestiones no pueden esperar o nos encontraremos con que se ha bancarizado al sector sin pasar por el Parlamento, lo que es repudiable desde el punto de vista democrático. No puede ser que, a base de cerrar otras salidas, las cajas tengan que usar un banco para salvar otra caja en situación de crisis. Hay dos medidas urgentes: una, que se permita utilizar cuotas con derechos políticos en situaciones de crisis, como dijo el FMI. Caja Castilla La Mancha (CCM) sería una filial de Cajastur y no habría ningún banco por medio. El otro asunto son los Sistemas Institucionales de Protección (figura jurídica para las fusiones de cajas) que suponen una contaminación ya que se sitúa como figura principal un banco. Es como si a los bancos para aliarse entre sí se les obligara a constituir una caja.
P. ¿Este asunto se planteará en la reforma de la Ley de Cajas?
R. Sí, pero para entonces ya estarán constituidos todos los SIP, con el banco dentro. La secuencia perfecta sería, por vía de urgencia, un pacto de los partidos y reformar las cuotas y el SIP y luego hacer la ley con más tranquilidad. Es absurdo dar las reglas de ordenamiento de un sector cuando ya se ha estructurado.
P. ¿Por qué cree que no se reforman estos puntos antes de la reestructuración?
R. No lo sé, pero está analizado por la OCDE, el FMI, el Instituto de Estudios Financieros... Es una situación paradójica: al grito de despoliticemos las cajas, se ha hecho uno de los asaltos más espectaculares de los políticos a las cajas. Llevamos 32 años ganando cuota de mercado y ahora nos recuerdan que somos mortales. Nunca había quebrado una caja hasta ahora (por CCM).
P. ¿Tiene algo positivo el anuncio de Zapatero?
R. Es una grata noticia, pero el momento es desacertado. Lo mismo ha ocurrido con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que me cansé de insistir en que se acelerara y ahora tendremos inconvenientes porque llega tarde.
P. ¿Qué consecuencias puede sufrir el sector por el retraso?
R. Las dilaciones actuales no se habrían producido. Es difícil tomar decisiones que pueden suponer por fusión la extinción, con la duda de la inseguridad jurídica. Las cajas que piensen utilizar el FROB no deben esperar a que esté aprobado.
P. ¿Pedirán 50.000 millones como dicen algunos estudios?
R. Me sorprendería mucho porque el costo de devolverlos con intereses es tremendo.
P. ¿Hay un intento de bancarizar a las cajas?
R. Nunca prejuzgo intenciones, describo los hechos, que reflejan que este sistema conduce a una bancarización sin tener el coraje de ir al Parlamento a defender una ley que lo permita. Si no hay cambios, los grupos de cajas estarán encabezados por un banco. Es una perversidad que no se ha dado en ningún país.
P. ¿Cuál es la solución?
R. Crear una Caja que pueda ser propiedad de otras cajas, como hoy es la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA). La Confederación está en Madrid, pero la Comunidad no puede decir nada porque no estamos sujetos a la LORCA en algunos aspectos. Somos una sociedad instrumental de las cajas. Si se aplicase la normativa, tendríamos que haber sido un banco, lo que es una monstruosidad. La CECA tiene ficha bancaria y actúa en los mercados como un banco, pero el legislador entendió que se debería llamar caja. Se podía hacer con los SIP, que sean lo que el supervisor quiera, pero que se llame caja. Es un problema ético y estético.
P. ¿Es un absurdo que una caja deba ser banco para fusionarse con otra?
R. Totalmente. Si usted quiere que seamos bancos, que alguien presente un proyecto de ley en el Parlamento. Usar la astucia del trilero no es digno de una democracia del siglo XXI.
P. ¿Se refiere al Banco de España?
R. No, digo que cualquiera que se oponga a una estructura racional de las cajas que lo defienda donde hay que hacerlo. Yo lo expongo públicamente, también en el Congreso. Ni escribo bajo seudónimo, ni hago manifestaciones off the record, ni oculto mi opinión al Gobierno. Yo juego limpio.
P. Directivos de cajas creen que el Banco de España preferiría que el sector se bancarice...
R. No sé cuáles son sus intenciones. Gran número de funcionarios del Banco de España no tienen aversión al modelo de Cajas, pero me consta que hay otros, que preferirían que sólo existiesen bancos. Con esta situación no se puede decir cuál es la posición del Banco de España, que entiendo que debe ser neutral, salvo que se pretenda sustituir a los poderes legislativos de España y la UE.
P. ¿Dónde sitúa a Miguel Ángel Fernández Ordóñez?
R. Eso hay que preguntárselo a él.
P. Los sindicatos se han negado en redondo a las cuotas con derechos políticos. ¿Hay margen para convencerles?
R. No creo que vean más ventajas a que sea un banco propietario de una caja, en lugar que una caja central sea propiedad de otras. Si se acotan las cuotas con derechos políticos para los casos de cajas en quiebra, no creo que haya problemas.
P. Los bancos ven que es su oportunidad histórica para darle una dentellada a las cajas...
R. No enjuicio intenciones.
P. ¿No ve en peligro al sector?
R. En la historia han quebrado cientos de bancos y no se ha extinguido la banca. No me preocupa que un banco pudiese comprar una caja, pero esa fiesta con la que algunos sueñan de reparto alegre de despojos, eso no se va a producir.
P. ¿Por qué no?
R. Pese a la tormenta del desierto que estamos viviendo, con una profusa utilización de los medios, las tertulias, seguimos ganando cuota. El sector inmobiliario, el gran inconveniente, volverá a ser una ventaja.
P. Usted es partidario de las fusiones de cajas de diferente comunidad, pero los Gobiernos apuntan en dirección contraria...
R. La unión de entidades de distintas comunidades es más barata porque no hay solapamientos. Algunos gobiernos, como el de Galicia, al menos se han guardado las formas al consultar a las entidades. En otras comunidades, las últimas en enterarse fueron las cajas.
P. ¿Se refiere a la Comunidad Valenciana?
R. No sé si hablaron con las cajas o no.
P. ¿Cree que hay obsesión porque se fusionen las cajas?
R. Fusionar sea como sea, y en cualquier caso, es totalmente absurdo. Es poco razonable creer que todos los animales financieros deben ser sociedades anónimas y con más de 50.000 millones de activos. Es una extraña obsesión.
P. ¿Sobran quince cajas como dice el Banco de España?
R. No se puede dar un número exacto porque hay restricciones políticas y condicionantes que pueden no coincidir con el Banco de España.
P. Entonces ¿el sector está sometido a fuerzas no racionales?
R. No, seguro que tienen sus razones... En algunos casos puede haber razones esperpénticas y otras que son comprensibles.
P. ¿Hay más casos como el de CCM y Cajasur?
R. Creo que no, pero la realidad la conoce el Banco de España.
P. ¿Puede haber cajas en pérdidas en 2010?
R. España podría ser el primer país que pusiera a entidades en situación de pérdidas por una errónea utilización de la contabilidad. Igual que se convencieron que los pisos no valen cero, también podrían reconocer que los solares urbanos y los pisos sin terminar no valen cero. Si quiere ser tan preciso y riguroso, elimine los errores de bulto que tiene en otro lado. No apriete sólo donde perjudica y reconozca también sus errores donde beneficia.
P. ¿Critica que se usen las provisiones para forzar fusiones?
R. Es peligrosísimo. Alguien puede estar jugando a aprendiz de brujo y ya sabemos lo que ocurrió en esa fábula.
P. ¿Qué han hecho mal las cajas en esta crisis?
R. Advertí hace años que se acababa el ciclo inmobiliario pero, como dice el G-20, tiene que ser una autoridad la que controle estos ciclos. Con más provisiones anticíclicas del Banco de España no habría habido burbuja.
P. ¿Nada de autocrítica?
R. Bueno, no se dieron cuenta de que los pisos no pueden subir indefinidamente. Pero ¿son ellos responsables?
P. Bueno, para eso están los presidentes ¿no?
R. Sí... había muchos informes que avisaban del ciclo, pero no de la catástrofe.
P. ¿Por qué se percibe que las cajas son más débiles?
R. Por una asombrosa campaña de comunicación; porque somos líderes en este segmento y porque ha habido casos de una mala gestión espectacular.
P. ¿CCM es un ejemplo de todo lo que no se debe hacer?
R. No me gusta hacer leña del árbol caído. Seguramente la intervención debió ser antes.
P. Usted cree que los Gobiernos autonómicos no pueden ser reguladores y consejeros a la vez...
R. Sí porque la tentación es regular para que tus consejeros sean hegemónicos. Es un conflicto de interés y si la entidad da un resbalón, a lo mejor tienes la tentación de taparlo para ocultar tus responsabilidades. Hay que separar al que vigila del vigilado.
P. ¿Cuánto daño ha causado la batalla de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid al sector y a Caja Madrid?
R. Es conocida mi opinión. [En marzo lo calificó de "caso esperpéntico" y de "intervencionismo público descarado"].
P. ¿Qué sentido tiene que existan cajas o bancos que no dan créditos?
R.
Se va a exigir más capital y así dar créditos no es lo más atractivo. Hay otras entidades, que presumen de su capacidad para captar capital en los mercados y dan menos créditos que las cajas. Una solución podría ser que el ICO cubriera parte de la morosidad. Otra, que la Administración facilite fondos para capital.
P.
Su obra social es la primera organización por recursos. ¿Se han adaptado a los cambios sociales?
R.
No sólo somos mecenas sino que gestionamos la obra social. El 60% del presupuesto tiene cierta rigidez, pero nos estamos adaptando.
P.
El jueves celebra el Foro de CECA con las ONG. ¿Qué relación tienen?
R.
Las cajas contribuimos a las ONG con 337 millones, más que el Estado, que ofrece 227. Queremos comprender mejor sus problemas y contarles nuestras experiencias.
P.
¿Qué parece que obra social lo escojan los clientes, como hace Caja Navarra?
R. Es interesantísimo, pero abdicas del liderazgo en la sociedad que tienen las cajas. El sistema me parece bien para una parte del presupuesto, pero no lo limitaría a lo que elijan sólo los clientes, una caja se debe a toda la sociedad. Por ejemplo, con ese sistema no se hubiera construido la universidad de Vigo, que fue soportada íntegramente por Caixanova durante cinco años.
Te recomendamos la lectura de esta circular para entender lo que son los SIP.
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Y los números anteriores en:
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El presidente de la Ceca, Juan Ramón Quintás, se opuso ayer frontalmente a que las Comunidades Autónomas (CCAA) tengan derecho de veto en las fusiones que afectan a una caja con problemas de solvencia.
Dejó claro que los Gobiernos regionales nombran gestores en los consejos, tienen representantes en las Comisiones de Control y, en algunos casos deben aprobar algunos de los créditos que dan las cajas con sede en el territorio. Por eso, si una de ellas acaba siendo insolvente, el Ejecutivo autonómico tiene parte de la culpa de esta situación.
"¿Tiene sentido que tengan poder de veto sobre lo que hay que hacer con esta caja, ya sea con dinero de las otras cajas o, más aún, con dinero público?", se preguntó Quintás. De esa forma, el presidente de la patronal, que presentó en Granada los resultados semestrales del sector dejó clara su opinión sobre la amenaza varias CCAA de recurrir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), por considerar que invade competencias regionales al restar al poder autonómico el derecho de veto a una fusión en caso de intervención de una caja. Incluso, Quintás afirmó que no estaría mal que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este asunto.
Obstáculo
El número uno de la patronal acusó a las CCAA de estar entorpeciendo el proceso de reestructuración de las cajas, al obstaculizar fusiones que tendrían sentido y obligar a las cajas a mirar sólo dentro de sus confines regionales.
«Hasta ahora hay muy pocos procesos de fusiones en marcha porque las cajas jugamos con restricciones adicionales. Hay elementos extraños a las cajas que cuentan a la hora de decidir fusiones y son muy perturbadores», dijo y especificó que ya se han bloqueado operaciones que habrían podido tener mucho éxito.
Quintás reconoció haber perdido la esperanza de que se modifique la Ley de Cajas para despolitizarlas antes de su jubilación (el próximo verano), a pesar de que los políticos habían prometido que lo harían.
También se quejó de que en España se afronta de forma "muy castiza" un tema global como la solvencia del sector financiero. En su opinión, aquí se trata como si fuera un problema regional: "allí cada uno con su sentido del Estado", afirmó.
Un año difícil
Quintás afirmó con contundencia que, a pesar de que las cajas sigan obteniendo resultados "razonablemente buenos", no se puede bajar la guardia, porque "2010 será el peor año de todos", por la situación de la economía. El paro subirá y esto repercutirá en un incremento de la mora y en menores ingresos para las entidades, que también tendrán que lidiar con un estrechamiento del margen de intermediación, una vez que termine el efecto positivo del descenso de los tipos de interés.
Aún así, la Ceca ve elementos de optimismo. Uno de ellos es la decisión del Banco de España de rebajar las provisiones que se tienen que hacer por los créditos respaldados con garantía real, lo que dará un alivio a las cajas, que ya tienen acumuladas dotaciones por 26.000 millones. Quintás también destacó la mejora de la solvencia del sector.
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Se ha incluido en la web la siguiente información:
• En el apartado Servicios > Ocio y tiempo libre:
Se ha incluido el enlace a servicios de UGT-Pais Valencià.
Enlace a UGT-RADIO.
• En el apartado Servicios > Prevención de Riesgos Laborales
Guía sindical ante el atraco.
• En el apartado Enlaces: La web de formación de Murcia.
UGT, una vez presentada en julio la “Guía para la elaboración del Plan de actuación de las empresas o centros de trabajo frente a emergencias-Pandemia de Gripe”, ha solicitado una reunión con el Ministerio de Sanidad para conocer el grado de desarrollo en las empresas de los planes de actuación para hacer frente a la posible Pandemia de Gripe A y la determinación de los puestos de trabajo esenciales para garantizar la continuidad de la actividad en cada empresa. Además, el sindicato exige la convocatoria de las mesas de negociación correspondientes para adecuar los planes de actuación a cada sector, fijando el 1 de octubre como fecha límite para que todas las camas instaladas por el sistema Nacional de Salud con dotación de recursos humanos y materiales estén operativas.
PUEDES LEER EL COMUNICADO COMPLETO entrando en el enlace SERVICIOS > PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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Además hemos añadido al apartado de JUVENTUD las guías "El estrés en los jóvenes. Claves para detectarlo y prevenirlo", y "Ven y anímate". También puedes leer el artículo "UGT exige acabar con la discriminación salarial de los jóvenes y regular la figura del becario". Entra en SERVICIOS > JUVENTUD, para consultarlas o descargártelas.
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Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, la variación interanual del IPC del mes de julio se ha situado en el -1,4%, cuatro décimas menos que en el mes pasado. Destaca la variación de la tasa intermensual del IPC se ha situado en el -0,9%, un punto y tres décimas por debajo de la tasa registrada en el mes anterior.
Entre los productos que más han influido en la disminución del IPC interanual se encuentra el grupo de Transporte, con una tasa del -9,5%, siete décimas menos que la de junio, dada la estabilidad de los precios de los carburantes y lubricantes frente al incremento sufrido hace ahora un año. Le sigue el grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa anual de -2,1%, tres décimas por debajo de la tasa del mes de junio (debido especialmente a la bajada del precio de las frutas frescas y la leche). Junto a este grupo, encontramos el de Vestido y calzado, con una tasa anual de -2,1%, debido a que las rebajas de precios han sido más pronunciadas este año que el anterior. Le sigue el grupo de Hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa anual disminuye tres décimas hasta el 1,5%, dada la menor subida de precios en todos sus componentes respecto a julio de 2008, destacando que los precios en restaurantes, bares y cafeterías se sitúan en el 1,7%, la más baja en los último 23 años.
Respecto a la tasa de variación mensual del IPC, el grupo que ha tenido una repercusión positiva más relevante en el índice general ha sido el de Bebidas alcohólicas y tabaco, con una tasa mensual del 4,3%, lo que se explica por la subida del precio del tabaco. El siguiente grupo con repercusión positiva en la evolución de esta tasa, es el de Ocio y cultura, con una tasa mensual del 0,8%, debido al incremento de precios de los viajes organizados propio de la época estival. El último grupo que tiene una repercusión positiva sobre el índice general es el de Hoteles, cafés y restaurantes, con un 0,7%, por el incremento de los precios durante la temporada estival. Los grupos con una mayor repercusión negativa han sido los de Vestido y calzado, con una tasa del -11,8%, debido al comportamiento habitual de los precios durante el periodo de rebajas, seguido del grupo de Menaje, con una tasa mensual del -0,9%, propia del mes de julio, y el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa del -0,2%, dado el descenso de precios de las frutas frescas, la leche y las patatas y sus preparados.
Llama especialmente la atención el hecho de que a pesar de la evolución anual del IPC, que suma ya doce meses consecutivos de descenso, la inflación subyacente, que mide la variación de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en tasas positivas a pesar de que disminuye dos décimas respecto al mes anterior, situándose en el 0,6%. La diferencia entre el índice general y la inflación subyacente se mantiene un mes más en dos puntos porcentuales.
Por su parte, y según datos de Eurostat del pasado 31 de julio, la inflación anual de la Euro Zona se estima en el -0,6%, cinco décimas menos que en el mes pasado. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se sitúa, igual que el IPC nacional, en el -1,4% en tasa interanual. Con estos datos, el diferencial con la Euro Zona, ya negativo desde diciembre de 2008, se sitúa en 0,8 puntos porcentuales.
CONCLUSIONES
El comportamiento del IPC en el mes de julio confirma la caída en el nivel general de los precios en nuestro país, evidenciando un mes más que la evolución la inflación está muy condicionada por el comportamiento coyuntural de los precios determinados productos, como los energéticos, los alimentos y la ropa y el calzado.
Del análisis de los datos se deduce que, este descenso de precios, tan acusado en determinados grupos, es fruto del efecto escalón que en los precios ha tenido la diferencia respecto a los niveles de inflación de julio de 2008, cuando se alcanzaron variaciones de precios muy elevadas, especialmente por el comportamiento de los precios de la electricidad, el petróleo y los alimentos, de ahí el descenso en las tasas interanuales que hoy reflejan estos grupos.
Ahora bien, y ante las propuestas patronales de “a menores precios, rebaja de salarios”, conviene recordar que durante la última etapa de expansión económica, con un ritmo de crecimiento superior a la media europea, el peso de las rentas salariales en el PIB cayeron en España 5,6 puntos porcentuales, mientras que en la zona euro lo hicieron 2,7 puntos porcentuales, y en la Unión Europea 2,1 puntos porcentuales. La pérdida acumulada de las rentas salariales antes de la crisis, entre los años 2000 y 2007, fue equivalente a 2,3 puntos porcentuales. Por el contrario, la participación de los excedentes empresariales aumentó 2,0 puntos porcentuales. Ante esta situación, UGT considera inaceptable la rebaja de los salarios propuesta a principios de esta semana por la CEOE, y defiende una política de garantía y mejora del poder adquisitivo de los salarios, con el fin de estimular la demanda, y lograr la tan ansiada recuperación económica.
En nuestro país, desde 2002, el modelo de determinación salarial fijado en los sucesivos Acuerdos de Negociación Colectiva (ANC) ha consolidado una política salarial verdaderamente moderada, que ha puesto de manifiesto la compatibilidad de alcanzar ganancias de poder de compra de los salarios con aumentos de los costes laborales unitarios muy moderados, permitiendo que los beneficios de las empresas aumenten y puedan elevar su esfuerzo inversor y generar más empleo. Este modelo salarial configura un esquema de fijación de salarios sostenible, que va más allá de los ciclos y la coyuntura de la economía, modelo que antes de la crisis permitió la posibilidad de que las empresas canalizaran parte de sus beneficios hacia la inversión productiva y la creación de más y mejores empleos (los datos permiten tener serias dudas al respecto) y ahora esa misma política salarial debe permitir la reactivación de la economía vía consumo de las familias. Por ello, para UGT resulta inadmisible la propuesta de los empresarios y es imprescindible el desbloqueo de los 1.500 convenios pendientes de acuerdo que afectan a casi cuatro millones de trabajadores de nuestro país.
Si la evolución del desempleo no continúa en términos tan negativos como en meses anteriores, es a través de la negociación colectiva y el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, como va a ser posible la mejora del nivel de confianza en la economía, aumentando con ello las expectativas de consumo, consiguiendo que crezca la demanda y en parte los precios, razón de más para confiar en que la negociación colectiva mejore los salarios de los trabajadores, frente al posicionamiento radical de la patronal al respecto, que no hacen sino dificultar los acuerdos pendientes.
A pesar de los distintos paquetes de medidas orientadas a activar la economía y el empleo en el corto plazo que ya se han puesto en marcha, son imprescindibles actuaciones de carácter estructural, con el objetivo de transformar el modelo productivo en el que se ha basado nuestra economía en el pasado, que se ha manifestado claramente inapropiado e insostenible. Debemos apostar por una base industrial sólida que invierta en I+D+i, por mejorar el sistema educativo y por vincularlo más y mejor al sistema productivo, además de consolidar y ampliar el sistema de protección social.
Desde UGT se insiste una vez más en la necesidad urgente impulsar el Diálogo Social como mejor vía para diseñar e implementar las medidas más apropiadas para conseguir la recuperación de la actividad económica y del empleo, y como el escenario más adecuado lograr las condiciones para una actividad económica sostenible y un empleo de valor añadido y alta capacidad productiva, objetivo compartido por todas las partes, por lo que todos debemos intensificar los esfuerzos para avanzar hacia el acuerdo. Y no son precisamente las estrategias de la CEOE de estos últimos tiempos las que facilitan los acuerdos necesarios y urgentes que permitan la reactivación de la economía y el empleo en nuestro país. Este estado enconado de la patronal en posiciones de rebajar los costes empresariales a través de transferencias de rentas de los trabajadores a las empresas, de reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social, de instaurar el despido libre y de aumentar la precariedad en el empleo, perjudica tanto a la sociedad como a la economía española en su conjunto. Y no busca precisamente el bien común, más bien va en su contra.
UGT exigió hoy que se acabe con la discriminación salarial de los jóvenes y que se regule la figura del becario, con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de la Juventud bajo el lema 'La sostenibilidad: nuestro reto y nuestro futuro'.
En este sentido, denunció que en el contexto actual de crisis algunas entidades e instituciones "están planteando medidas que convertirían a los trabajadores jóvenes en el chivo expiatorio de esta crisis". Por ello, el sindicato considera "fundamental" la lucha contra el paro juvenil, la creación de puestos de trabajo de calidad y el fácil acceso a una vivienda.
Asimismo, defendió la creación del Estatuto del Becario con el objetivo de "actualizar la normativa existente y evitar el uso indiscriminado que se hace de las prácticas laborales por algunas empresas cuyo único interés es la obtención de mano de obra barata".
Por otra parte, reclamó que se incluya a los jóvenes trabajadores en el proceso de negociación colectiva, que se promueva la contratación indefinida y que el puesto de trabajo se adecúe a la titulación, categoría profesional y salario.
El tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia dictada el 20-01-2009, ha establecido lo siguiente:
- El Derecho Comunitario garantiza el derecho de los trabajadores a las "Vacaciones anuales retribuidas" (con independencia de su estado de salud) y el derecho a la "licencia por enfermedad" (cuando esté incapacitado para el trabajo), no permitiendo ningún tipo de excepciones.
- Los trabajadores dispondrán de un periodo de , al menos, 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas. Por lo tanto, este derecho a vacaciones retribuidas -que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe considerarse un principio del Derecho social comunitario que reviste especial importancia- se reconoce a todo trabajador, con independencia de su estado de salud.
- Un permiso garantizado por el Derecho Comunitario no puede menoscabar el derecho a disfrutar de otro permiso garantizado por ese mismo Derecho.
- Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas en un periodo distinto al año natural en curso, si no ha podido disfrutar de sus vacaciones por motivos ajenos a su voluntad.
- Un trabajador que durante el año en curso, se haya encontrado en situación de baja por enfermedad, se vería privado de disfrutar sus vacaciones, por lo que tendrá derecho a disfrutar de las mismas una vez finalizada la baja por enfermedad.
- El derecho de vacaciones no se extingue al finalizar el año, cuando el trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad y no haya tenido efectivamente la posibilidad de ejercitar el derecho de vacaciones que se le reconoce.
- Cuando se trate de un trabajador que,por razones ajenas a su voluntad, no haya estado en condiciones de ejercitar su derecho de vacaciones antes que finalizara su contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica que deberá calcularse de tal modo que sea una situacion comparable a aquélla en la que se habría encontrado si hubiera ejerciado su derecho.
- Los mismos derechos tienen las trabajadoras que hayan estado de Baja por Maternidad.
-Anualmente la Dirección de Recursos Humanos publica el formulario para la confección delcuadro de Vacaciones.
-Una vez cumplimentadas se remitiran por las oficinas, a su Dirección Territorial correspondiente, a través de la Dirección de Zona.
-Los cuadros de vacaciones tendrán caracter de propuesta hasta que la Dirección Territorial preste su conformidad. Si no se recibe comunicación en contrario, antes del 31-de diciembre se consideraran aprobados.
-El personal deberá conocer con una antelación de, al menos dos meses, la fecha de comienzo de sus vacaciones.
-Los empleados de la CAM tienen derecho a 25 dias habiles de vacaciones. Los sabados no se consideran habiles.
-El personal de Canarias, tienen dos dias hábiles más de vacaciones.
-En ningún caso podrán dejar de disfrutarse las vacaciones a cambio de compensación económica.
- Cuando no se presten servicios durante el año completo, por excedencia, permiso especial, interinidad, etc. el periodo de vacaciones será proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
-El periodo habil para el disfrute de vacaciones será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
- Con carácter general y habitual, para el disfrute de vacaciones, no se excluye ningún periodo del año. No obstante, si el responsable de cualquier unidad operativa, considera conveniente excluir como periodo vacacional aquél que coincida con mayor actividad, deberá solicitarlo a la Unidad de Relaciones Laborales de D. de Gestión de Recursos Humanos, para su autorización, previa consulta con la representación legal de los trabajadores.
-Los empleados con responsabilidades familiares tiene preferencia para que estas conincidan con vacaciones escolares.
- La elección se realizará, respetando el punto anterior, en orden de nivel, elegiendo en primer lugar los de mayor nivel, y dentro del mismo nivel el de mayor antiguedad en la Institución.
El nombre del nuevo apartado en ARTICULOS DE INTERÉS, y hoy ya se han publicado y puesto en el apartado correspondientes tres articulos de gran repercusión e interés.
El titulo de estos documentos es: AUGURIOS DEL GOBERNADOR, HACIA UNA FLEXIBILIDAD NEGOCIADA Y SOSTENIBLE, NI EL PROTECCIONISMO ES TAN MALO Y EL LIBRECAMBISMO TAN BUENO.
Si quieres conocer mas detalles, dirigete a ugt@cam.es
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